40 empresas españolas apoyan una ley ambiciosa de cambio climático y transición energética

El Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) apuesta por objetivos de reducción de emisiones en línea con el fin de los 2ºC. Las empresas abogan por cumplir con las resoluciones supranacionales adquiridas por España y en la que se involucren todos los sectores de la economía.

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20MINUTOS.ES. 19.10.2017 – 13:41h

El Grupo Español para el Crecimiento Verde ha enviado un decálogo de propuestas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en el marco de la consulta pública abierta por el Gobierno para la elaboración del
anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Las empresas que lo conforman apuestan por abordar de forma ambiciosa el proceso de descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 y por adoptar medidas urgentes a corto plazo que permitan superar de forma efectiva las barreras que dificultan este proceso a lo largo de los distintos sectores económicos.

En ese camino de importantes posibilidades económicas, fija para 2030 que el nivel de emisiones se sitúe por debajo de los registrados a principios de los 90. El Grupo demanda al Ejecutivo objetivos concretos de carácter vinculante tanto
globales como sectoriales que precisarán de un marco estable y a largo plazo para la progresiva y eficiente transformación de nuestra economía hacia un modelo sostenible y bajo en carbono.

Dos vías fundamentales: 
Las empresas que lo integran recuerdan en el comunicado las dos palancas fundamentales para un modelo energético sostenible: la promoción de la eficiencia energética y la descarbonización de los usos finales con renovables. Además,
señalan la necesidad de un órgano de la Administración del Estado encargado de coordinar todo el proceso, haciendo hincapié en el papel “ejemplarizante” que han demostrado las Administraciones Públicas en este tiempo. Además, GECV espera que el texto siente las bases de un reequilibrio del marco fiscal avanzando en el principio: “quien contamina, paga”, que promueva la acción gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de CO2, asegurando de este modo, un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada.

De igual forma, consideran indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del transporte con origen renovable y mayor uso de
combustibles alternativos de bajas emisiones.

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