Valentín Alfaya: “Necesitamos una Ley de Cambio Climático porque precisamos de certidumbre”

Agenda Pública- Contexto Económico. Leer la noticia aquí 

Es el momento de que las empresas vayan más allá de los enunciados y empiecen a adaptar sus estrategias de negocio, sus productos y sus servicios a una economía baja en carbono”.Valentín Alfaya, presidente de Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), nos recibe en su despacho con esta declaración de intenciones, compendio del principal propósito que anima la labor de esta nueva asociación empresarial.

Una plataforma constituida por un grupo de empresas de diverso tamaño, pero con un objetivo común: “Liderar en nuestro país la transición industrial que impone el Acuerdo de París (2015) y abordar junto a las administraciones públicas los grandes retos medioambientales”.

Más de una treintena de compañías (Ferrovial, Acciona, Iberdrola, Enagás, Abertis, Endesa, Gas Natural Fenosa, Telefónica, Santander, Ineco, Ecoterrae, Ecoembes, Logista, y BBVA, entre otras) se han unido para identificar oportunidades de negocio, crecimiento y empleo en el que será un nuevo escenario económico. En abril, GECV publicó un manifiesto reclamando al Gobierno la aprobación “urgente” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Pregunta.- ¿Por qué un manifiesto y por qué ahora?

Respuesta.- Todas las empresas que forman Grupo Español para el Crecimiento Verde tienen sus propios objetivos de reducción de emisiones y un compromiso institucional con el cambio climático, pero el manifiesto anuncia el deseo de ir un paso más allá: la voluntad expresa de las compañías de convertirse en motor del cambio. Y la manera de conseguirlo es adaptando todas y cada una de sus estrategias de negocio, sus productos y sus servicios a una economía baja en carbono. Esto es lo que de verdad podemos aportar desde el sector empresarial, soluciones para una auténtica y progresiva descarbonización de la economía y la industria.

P.- ¿Eso significa que la propuesta va mucho más allá de una simple declaración institucional?

R.- Así es. Daré un dato muy significativo. Para ser miembro de GECV no basta con que muestre interés el director de Sostenibilidad o Medio Ambiente de una firma. Sin desdecir su labor, siempre encomiable, quien pide el ingreso, quien ha de rubricar los estatutos de la asociación es y debe ser el Consejo de Administración de la compañía. Queremos que el crecimiento verde sea parte de la estrategia de negocio de nuestros asociados, no sólo una declaración pública, un pliego de buenas intenciones. Eso, con ser importante, ya no es suficiente.

P.- Con la presentación del manifiesto, ¿las grandes empresas españolas toman la delantera al Ejecutivo en la lucha contra el cambio climático?

R.- Tradicionalmente, la acción climática ha estado vinculada a las actuaciones de las administraciones públicas. Pero eso está cambiando y lo está haciendo no sólo en España, sino también a nivel global. Las empresas, y en particular las grandes corporaciones, con proyección internacional, podemos decir con orgullo que nos encontramos hoy a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Sabemos que el proceso de descarbonización de la economía es imparable, entendemos perfectamente lo que eso significa y queremos ser, somos ya, el motor del cambio. En primer lugar, porque manejamos el capital; en segundo lugar, porque manejamos la tecnología y los procesos de innovación; y en tercero, porque nuestros proyectos y compromisos empresariales son a muy largo plazo y poco o nada tienen que ver con los cuatro años de vigencia de los periodos electorales.

P.- ¿Tienen ustedes la impresión de que el Gobierno está retrasando la implantación de las medidas que articula y exige la Comisión Europea y, en última instancia, el Acuerdo de París?

R.- Nos preocupan especialmente dos cosas: la primera, que el Ejecutivo o el conjunto de las administraciones públicas cumplan el trámite pero no aprovechen las oportunidades. Porque para que se aprovechen la hoja de ruta tiene que ser muy ambiciosa; no vale con transponer lo que diga la Comisión Europea a través de las directivas, los planes de asignación o cualquier otra iniciativa comunitaria. Hay que ir mucho más allá del papel.

El segundo asunto importante es que no se entienda que hay que actuar con urgencia, porque si no lo hacemos serán otros los que aprovechen las oportunidades. Por eso, le sugerimos al Gobierno que acelere la elaboración de la ley de cambio climático, ya que necesitamos cuanto antes un marco de referencia y un modelo de transición energética.

P.- ¿Conciben una ley sin modelo de transición energética?

R.- En absoluto. No tendría ningún sentido. Lo que aplaudimos desde el principio fue el apellido de la Ley: de Cambio Climático y Transición Energética. A nuestro juicio, la única manera de estar alineados con los planes de la Comisión Europea es coordinando y complementando acción climática y estrategia energética. ¿Por qué Europa decide integrar energía y clima? ¿Por qué Miguel Arias Cañete es comisario de las dos disciplinas? El principal vector del cambio climático es la energía; cómo, cuándo y dónde se usa. Si el modelo de transición energética no está incorporado en la ley, será papel mojado.

P.- Sin embargo, el ‘mix’ energético tendrá que esperar. Irá dentro del Plan de Energía y Clima y el Gobierno tiene de plazo hasta finales de 2018 para presentarlo en la Comisión Europea.

R.- Es muy difícil que una norma de estas características aterrice en los detalles del mix energético. No es ese nuestro propósito. Lo que deseamos es que se diseñe el marco de actuación y, como expresamos en el manifiesto, incorpore algunos elementos que definan claramente nuestra estrategia como país. Por ejemplo, objetivos a medio y largo plazo. Esto es fundamental, porque no es lo mismo hacer una transición progresiva y predecible que una abrupta. Vamos a tener que llegar de todas las maneras, pero la segunda no es manejable. No lo es para para las empresas, pero tampoco lo es para las administraciones públicas. Si no hacemos bien las cosas, nos dejaremos parte del tejido industrial por el camino y se destruirá empleo. Por eso pedimos que haya objetivos a medio y largo plazo.

P.- ¿Podría enunciarnos cuáles son esos objetivos imprescindibles?

R.- GECV es una asociación creada para fomentar la colaboración público-privada y avanzar conjuntamente en los retos ambientales que tenemos. Las soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático, la descarbonización o el fomento de una economía circular vendrán sin duda de la mano del tejido empresarial, y son claves en una sociedad próspera. A través de esta plataforma se fomenta la participación de las empresas en los debates más relevantes en la materia a nivel nacional e internacional, se comparte información e identifican oportunidades.

P.- Si la ley no encontrara finalmente su oportunidad política, ¿las empresas españolas mantendrían su compromiso?

R.- Sin lugar a dudas. Nuestro compromiso lo es con la sociedad y nuestra hoja de ruta es independiente del Gobierno. Pero también es cierto que necesitamos que exista una ley porque precisamos de certidumbre para desenvolvernos en el camino de la transición energética. Somos inversores y queremos apostar por un nuevo modelo económico, pero sólo arriesgaremos nuestro capital si se dan las condiciones adecuadas.

P.- ¿Qué quiere decir ‘las condiciones adecuadas’?

R.- Las inversiones en infraestructuras energéticas tienen un plazo de amortización largo; hablamos de periodos de 15 ó 20 años. Sin certidumbre, sin un marco legal y regulatorio estable, es muy difícil diseñar una inversión. Si no hay ley, nos iremos fuera a realizar nuestros proyectos y todos saldremos perdiendo. Sucederá lo mismo si la hay pero no es ambiciosa. Habrá que buscar otros espacios geográficos que ofrezcan certidumbre.

P.- El cambio es, pues, imparable.

R.- El cambio es un hecho, independientemente de que exista o no una norma. Lo importante es aprovechar las oportunidades que puede brindarnos la transformación energética con las herramientas que ofrecería una ley inteligente. La legislación es útil como palanca de cambio. La mayor parte de las firmas que están en GECV invierten fuera de España. Algunas incluso lo hacen mucho más fuera de nuestras fronteras que dentro. Si nos preguntamos por qué ocurre esto, la respuesta la encontramos en la ausencia de un marco adecuado para llevar a cabo inversiones tan intensivas en capital como existe en otros países. Por ello, no tener un marco regulatorio supone perder todas esas posibilidades. No hay marcha atrás en este proceso, es irremediable que España avance en esta materia. Tenemos dos opciones: liderar la evolución energética o situarnos a la cola del tren.

P.- ¿A quién perjudica que haya ley? ¿Quién podría querer frenarla?

R.- No puedo decir que sea deseada por toda la industria porque no todos ganamos con ella. Nosotros creemos que el conjunto de la economía española resulta beneficiada, pero los resultados los podremos ver dentro de un tiempo. A muy corto plazo, habrá sectores que reduzcan actividad y otros que pierdan empleo, como por ejemplo la industria del carbón. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la falta de una fecha de cierre del carbón en nuestro país. Porque, y esto es lo importante, no tener esa fecha significa que tampoco contamos con una hoja de ruta para su transición, su impacto en el empleo y en las economías regionales.

P.- El manifiesto entra de lleno en asuntos fundamentales de la transición energética: reducción de emisiones con carácter vinculante, revisión de la fiscalidad, implantación de un precio al carbono… Vayamos por partes. Fiscalidad. Ustedes proponen el principio de ‘quien contamina, paga’.

R.- Todos sabemos que los seres humanos tenemos más sentido económico que ecológico y más visión a corto que a largo plazo. La manera de abordar este reto es la fiscalidad, dar señales de precios. La fiscalidad debe guiarse por el principio de quien contamina, paga, tan sencillo y a la vez tan complicado. Si yo enchufo mi coche eléctrico para cargarlo, estoy pagando renovables, pero si cojo un coche diésel no estoy pagando nada. Estos desequilibrios hay que solucionarlos. Nosotros entendemos que el cambio impositivo es una gran oportunidad para modificar el comportamiento de los ciudadanos.

P.- ¿Eso supone subir los impuestos?

R.- No necesariamente. Se puede modificar la fiscalidad diseñando una carga impositiva neutra. A nuestro juicio, sería interesante movernos en una doble dirección: quien contamina, paga, pero quien contribuye al proceso de descarbonización, desgrava. Por ejemplo, si vives en una casa que incorpora elementos de eficiencia energética, lo lógico sería que sus residentes pagasen un IBI menor, más bajo que el que desembolsan aquellos que viven en una casa muy ineficiente. También se puede utilizar el IRPF para modular la fiscalidad ambiental y dar señales de precios. Y esto implica, además, que se dispondrá de más dinero para gastar en otras cosas. Es posible hacer cambios importantes en la tributación y lograr que su impacto en el conjunto del sistema fiscal sea neutro.

P.- Es decir, no se trata de recaudar más, sino de incentivar comportamientos ecológicos.

R.- Así es. Nosotros no somos partidarios de elevar los impuestos ambientales, tal y como están concebidos actualmente, porque en realidad, en la mayoría de los casos, son simples parches y su fiscalidad una manera como cualquier otra de obtener recursos adicionales. Cuando decimos que, según los informes de la OCDE, España es uno de los países con menor tasa de impuestos ambientales, enseguida se relaciona con incrementar la carga impositiva, es decir, con más impuestos, y no necesariamente tiene que ser así. El criterio de quien contamina, paga es mucho más interesante y sofisticado. Sin duda, mucho más complicado que poner un impuesto medioambiental, pero también mucho más necesario.

P.- ¿Las empresas que no incorporen planes de sostenibilidad tendrán problemas en el medio plazo para acceder a los mercados de capitales?

R.- Sin duda. Desde hace cinco o seis años lo habitual es que los inversores, incluso los más generalistas, pregunten a las compañías por sus proyectos sostenibles. Hoy, hasta los proxy advisors, con la influencia que tienen, se interesan y analizan con lupa los compromisos medioambientales de las empresas y preguntan cómo de alineados están los riesgos industriales en relación a la agenda climática.

P.- ¿Ustedes consideran que sería necesario que todas las empresas, o al menos las grandes, se vean obligadas a identificar la huella de carbono y a diseñar programas de mitigación?

R.- La obligatoriedad no es buena. Si conviertes en obligatoria una decisión de este tipo, eliminas la competitividad entre las compañías. Al final, las firmas lo que buscarán es un papel y no el valor añadido que ofrece avanzar en una economía baja en carbono. No se trata sólo de rellenar un formulario y presentarlo en el registro del ministerio correspondiente; de lo que se trata, sobre todo y principalmente, es de hacer un cambio en el modelo de negocio. Nosotros somos partidarios de que la medida sea voluntaria, pero creemos que la Administración, el conjunto de las administraciones públicas, tienen instrumentos para hacer que esa medida se extienda con más facilidad y que las empresas sean más proactivas.

P.- ¿A qué herramienta administrativa se refiere?

R.- A la compra pública. Por su carácter ejemplarizante. Si los concursos públicos incorporan esta exigencia, ya se encargarán las corporaciones de hallar su huella de carbono y diseñar planes de mitigación. Recientemente, Grupo Español para el Crecimiento Verde ha constituido, junto a la Oficina Española de Cambio Climático, Red Española del Pacto Mundial, Ecodes y Climate-KIC la Plataforma Española de Acción Climática, con el compromiso de promover los procesos de descarbonización en el seno de industria. Pretendemos intercambiar buenas prácticas, captar tecnología, sumar empeños y ofrecer a medio plazo una especie de Contabilidad Nacional de las Emisiones. Es una herramienta que se puede aprovechar, pero seguro que hay más. Si una firma está en la plataforma, significa que tiene registrada su huella de carbono, y si tiene registrada su huella, esto podría convertirse en una ventaja de tantos puntos en tal o cual compra pública. Esto es lo que de verdad funciona. Obligar convierte el procedimiento en un trámite burocrático, le resta valor añadido.

P.- Otra de las peticiones del manifiesto es la implantación de un precio al carbono. ¿Qué modelo, de los que hoy se utilizan en el mercado, les parece el más adecuado?

R.- Nos parece importante que haya una reducción gradual de apoyo a los combustibles fósiles. Independientemente de la modalidad, se trata de un carácter finalista en estas imposiciones, de manera que sirvan para financiar la necesaria descarbonización del sector energético. Al margen de esto, hay que señalar que las empresas ya empiezan a implementar precios internos de carbono como un mecanismo para cuantificar económicamente el riesgo climático de sus inversiones y facilitar la transición de sus portfolios hacia una economía de bajas emisiones. A ciertos niveles de precio, desde luego por encima de los actuales en el mercado ETS (Emission Trading Scheme), se activaría esta transformación.

P.- El manifiesto les ha dado una notoriedad que, quizás, antes no tenían. Desde su publicación, ¿han llamado muchas empresas a la puerta? ¿Podría decirse que están de moda?

R.- Digamos que ofrecemos credibilidad. Las empresas se han dado cuenta de que somos influyentes y podemos liderar el cambio. Algunas están en la asociación porque son las promotoras de ese cambio. Otras participan, o nos han pedido formar parte, porque saben que tienen un riesgo a medio y largo plazo y necesitan la experiencia de otros para prepararse y acelerar su transición. Para llevar a cabo ese proceso de manera inteligente, sin duda es mejor estar dentro de una plataforma como GECV, donde todos sus miembros suman y aportan sus buenas prácticas por el bien del sector empresarial.

P.- Se entiende la dificultad, en unos casos, y el compromiso, en otros, de las empresas energéticas. Pero la industria financiera… ¿Qué hace un gran banco en una institución volcada en el crecimiento verde?

R.- Uno no, cuatro. Están los cuatro grandes bancos españoles: Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia.

P.- La Unión Europea está modificando las reglas de juego del sector financiero para que los bancos también contribuyan a la lucha contra el cambio climático. ¿Cree que los españoles van a poder asumir estos compromisos?

R.- Hay un proyecto que va a obligar a cambiar radicalmente la estrategia de las entidades financieras: el promovido por el World Economic Forum, con sus guías para el reporte de los riesgos climáticos. Las obligaciones son muy claras: si tiene un portfolio de inversiones, o de crédito, muy intensivo en carbono, usted está en riesgo. Y tiene que contárselo a sus partícipes, a sus grupos de interés, a sus financiadores…

P.- A su Gobierno…

R.- Por supuesto. Y claro, esto es un cambio radical. Al sector financiero no le quedará más remedio que entender de qué se está hablando, cuáles son las nuevas exigencias que imponen los gobiernos, pero también los grupos de interés. Además, tendrá que interiorizar que sus riesgos deberán ir alineados con las directrices del cambio climático. Los grandes bancos españoles son absolutamente conscientes de esto. Lo curioso, lo relevante, es que el sector financiero se está poniendo las pilas, está acelerando su transición de una manera mucho más vanguardista que otros sectores industriales que por su naturaleza, porque tienen que hacer inversiones en equipo, porque mover toda la maquinaria empresarial es más difícil, van más lentos.

P.- La presentación del manifiesto ha estado rodeada de cierta polémica en la medida en que ha trascendido que algunos de los socios no lo han firmado; por ejemplo, Enagás, Gas Natural Fenosa, Grupo Santander o CaixaBank. ¿Cuáles son las razones?

R.- Conviene aclarar que GECV no ha sido el firmante del manifiesto, sino sólo el facilitador. Desde el principio quisimos que fueran las empresas, y no la asociación, las protagonistas y las responsables del documento. Por ello, facilitamos el proceso a nuestros socios, y por eso han firmado también empresas que no están en la asociación, como Ikea, Siemens Gamesa o Vestas. Cada compañía ha tenido sus razones para adherirse o no al documento, pero es verdad que la declaración es más agresiva que la postura de consenso del grupo, que ya de por sí lo es teniendo en cuenta que procede del sector industrial o empresarial. Por ejemplo, cuando decimos que es necesario ir reduciendo los apoyos a los combustibles fósiles.

P.- Un asunto fundamental de la transición energética es la llamada transición justa. ¿Han calculado cuánto nos va a costar a los españoles? ¿Las empresas de GECV van a financiar parte de esos costes para que sea lo más justa posible?

R.- No, no lo hemos calculado, y desde luego que la voluntad de nuestros asociados es colaborar con la Administración para que sea lo más justa posible. Lo que sí hemos hecho es estimar a cuánto deberían ascender las inversiones para realizar con éxito la transición. Basándonos en los informes publicados por expertos y contrastando sus cifras con las de nuestras empresas, calculamos que podría suponer una inversión acumulada de entre 330.000 y 385.000 millones de euros hasta el año 2050, lo que equivale a una inversión anual media de unos 10.000 millones al año.

P.- ¿Dinero público y privado?

R.- Efectivamente. La contribución tendrá que ser pública y privada. Estamos hablando de inversiones en ámbitos muy diversos, desde el urbano al del transporte, pasando por la energía, las infraestructuras y sin olvidar las políticas económicas. Esto exigirá una colaboración estrecha entre el sector privado y las administraciones públicas. Para poner en contexto estas cifras, España ha invertido en la red ferroviaria de alta velocidad 40.000 millones de euros hasta 2013 y se estima que el sector eléctrico ha invertido entre 8.000 y 10.000 millones al año durante la última década.

P.- La ley tendrá que ser negociada con los partidos políticos, según el nuevo juego de mayorías. ¿La sensibilidad de los grupos parlamentarios con el cambio climático responde a criterios ideológicos?

R.- Nosotros tenemos conversaciones con todos los grupos políticos, al menos con los cuatro más importantes, y quizás se podría adivinar un sesgo ideológico cercano a aquello que se decía antes de que el medioambiente es de izquierdas. Pero esto es absurdo. El medioambiente no es de izquierdas ni de derechas, igual que las empresas no son de izquierdas o de derechas. No deben serlo. En mis conversaciones con los parlamentarios, mi percepción es que hay gente que, simplemente, está más preparada que otra, y eso no depende tanto del color político. Lo importante es tener interlocutores con capacidad de influencia dentro de sus propios partidos con el fin de hacerles llegar nuestros propósitos y nuestro compromiso.

P.- De los 350 diputados que tiene nuestro Congreso, ¿la mayoría entiende qué es eso del cambio climático y la ‘descarbonización’ de la economía, o la falta de formación de los políticos en este campo es alarmante?

R.- Más que falta de formación o información, mi impresión es que están a otra cosa. Creo que hay grandes excusas para la inactividad en esta materia, para desentenderse y no abordar los temas que verdaderamente son importantes y estructurales para la economía a medio y largo plazo.

P.- Uno de los asuntos que más debate suscitó en el seno del Comité de Expertos que elaboró el Informe de Transición Energética fue el del consumo.

R.- Es muy fácil hablar de la necesidad de involucrar a los consumidores en una política climática responsable, pero hacerlo es muy difícil. Exige grandes dosis de educación. En realidad, necesitas hacerles activistas del cambio climático. Es decir, que cuando tomen decisiones como consumidores tengan en cuenta la intensidad del uso de carbono que lleva el producto o el servicio que adquieren. Y eso, nos guste o no, en la mayoría de los casos sólo se consigue con señales de precios adecuadas, de las que ya hemos hablado.

P.- A través de la fiscalidad…

R.- Lo más importante es que las empresas nos adelantemos a los consumidores. Más allá de que exista una demanda real de determinados productos o servicios, lo importante es que seamos nosotros quienes se los ofrezcamos. Si queremos acelerar la transición, tenemos que ir por delante.

P.- Otro asunto que suscitó cierta discrepancia en las reuniones del Comité de Expertos fue el uso de las centrales nucleares. ¿Cuál es la posición de la asociación en este punto?

R.- No tenemos una posición sobre si conviene o no que la energía nuclear forme parte del mix energético. Lo que sí puedo decir es que las empresas afectadas han hecho números sobre el impacto que tendría en el precio de la energía cerrar las centrales nucleares y,  efectivamente, se incrementa, pero no tanto como dice el Ministerio de Energía y como para que no sea asumible por los ciudadanos. Así las cosas, ya hay varias empresas que han declarado públicamente que se quieren deshacer de las centrales nucleares. Si dejamos que decida el mercado, tengo la impresión de que su vida no va a ser tan larga como se espera.

P.- Ustedes han propuesto que se cree un organismo independiente que vele por el proceso de transición energética, su cumplimiento y evaluación.

R.- Sí. Nos parece fundamental. No estamos hablando de un consejo asesor. Es importante que recalquemos esto. Proponemos la creación de una autoridad que actúe al margen del Ejecutivo e independientemente del partido o los partidos que gobiernen en cada momento. Una institución que verifique que la hoja de ruta es la adecuada y que vigile que los compromisos se están cumpliendo.

P.- ¿Con dependencia jurídica del Parlamento?

R.- Sí, éste es nuestro punto de vista. Con una infraestructura mínima a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y con dependencia jurídica del Parlamento.

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