Por Mª Luz Castilla Porquet, secretaria general técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde
Mientras vamos saliendo de la pandemia, el Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se inicia así el trámite parlamentario del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050.
La ley contempla, asimismo, la creación de dos grandes herramientas de gobernanza para determinar el marco de actuación en materia de acción contra el cambio climático: Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050.
El desarrollo y aprobación de este marco normativo estable permitirá a España cumplir con los objetivos asumidos en el Acuerdo de París de 2015 y en la Agenda 2030, pero debería también favorecer nuestro proceso de recuperación económica y de creación de empleos, crucial tras la crisis sanitaria del COVID-19.
¿Por qué puede ser positiva en este momento una Ley de Cambio Climático?
Se trata de un instrumento jurídico vinculante que orienta las decisiones de inversión y actuación
No es un Programa, un Plan de acción o una Estrategia, sino una Ley que obliga y señala horizontes orientando las decisiones futuras de inversión. El debate parlamentario encamina el anteproyecto hacia el proceso final de revisión y aprobación, estableciendo un marco claro y estable de descarbonización con objetivos ambiciosos a corto y largo plazo revisables al alza:
- Neutralidad climática no más tarde de 2050, con un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050
- A 2030, reducción de emisiones en al menos un 20% respecto a 1990; mínimo del 35% del consumo final de la energía de origen renovable; sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de renovables y mejora de la eficiencia energética para reducir el consumo de energía primaria como mínimo en un 35 %.
Es un instrumento de apoyo que puede favorecer la recuperación económica
La Ley prioriza un marco de actuación y debería ayudar a aprovechar mejor las oportunidades derivadas de la descarbonización y la transición energética. Ello debería redundar en la creación de empleos y en el fortalecimiento del tejido industrial nacional.
Generador de riqueza y empleo. El proyecto de ley prevé que la transición energética movilice más de 240.000 millones de euros de inversión —un 80% procedente de capital privado, el resto público― entre 2021 y 2030. Esto generará empleo neto que se prevé que aumente entre 250.000 y 350.000 personas para 2030 gracias a las medidas climáticas, además de potenciar el I+D y generar industria local.
Moviliza a todos los sectores. La Ley incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas, lo cual generará oportunidades en múltiples sectores:
- Se abren oportunidades económicas derivadas de la apuesta clara por las renovables, que movilizarán más de 90.000 millones de euros en los próximos 10 años (o 150.000 M€ si se incluye la inversión en redes), con la consiguiente generación de puestos de trabajo anclados en el territorio. Además, en este caso hemos sido testigos de una revolución tecnológica que ha permitido que en la última década los precios de la energía eólica se hayan reducido en un 70% y los de la fotovoltaica, en un 89%, lo que hace que estas energías sean actualmente totalmente competitivas frente a las tradicionales.
- Se apuesta por una movilidad sostenible, con un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2, zonas de bajas emisiones para 2023 o potenciación del desarrollo de infraestructuras de recarga eléctrica.
- Se apuesta por la rehabilitación energética. Se fomentará el uso eficiente de la energía y de renovables en edificación, y se amplía hasta 2030 el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
- Las inversiones relacionadas con eficiencia energética en todos los sectores suponen más de 83.000 millones de euros.
- Se abren oportunidades de inversión en preservación del capital natural y restauración de ecosistemas: atención a los bosques, desarrollo rural, política agraria sostenible, etc. …
Desarrolla instrumentos y recursos para una aplicación efectiva. Se prevé dedicar un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado para la lucha contra el cambio climático, incorporar criterios ambientales en la contratación pública o establecer la obligatoriedad de elaborar un informe anual sobre los riesgos climáticos de las grandes empresas, etc.
Asimismo, se desarrolla un plan de educación y de capacitación frente al cambio climático, y se establece un sistema de gobernanza con la creación de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética independiente o planes autonómicos de energía y clima.
Este marco de actuación debería servir para apoyar la inversión hacia sectores de futuro, encaminando la recuperación hacia una economía más sostenible.
Obligación a construir consensos
El cumplimiento de los objetivos de la Ley implica tal desafío, que es necesaria la participación de todos y el establecimiento de alianzas y consensos entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil. También lo requiere así la reconstrucción económica.
Un ejemplo de cómo avanzar en esta línea es el “Manifiesto por una recuperación económica sostenible” impulsado por el GECV junto con otras organizaciones, donde ya más de 1000 empresarios, políticos, sindicatos, ONG y científicos se ha aliado para pedir una recuperación verde y reclaman al Congreso un “paquete de estímulos sostenibles” como vía para salir de la crisis.
Necesitamos balancear bien el corto y el largo plazo
En la nueva realidad, será necesario calibrar y combinar las necesidades a corto plazo sin hipotecar las oportunidades a futuro.
En el corto plazo, el gasto actual habrá que dirigirlo a mantener y reforzar el sistema sanitario y a paliar los efectos de los sectores económicos más afectados para evitar quiebras.
Pero las inversiones a futuro deberían estar enfocadas hacia sectores de futuro, para que no queden obsoletas en unos años. Reorientar la economía hacia un crecimiento verde es la opción que adopta Europa con el Green Deal y en la que España debería inspirarse para dirigir las inversiones en la recuperación. La Ley de Cambio Climático avala esta tendencia.
Mi conclusión:
¡Atentos todos los sectores, en la Ley hay implicaciones para todos, que hay que saber leer¡.
Bienvenido el trámite parlamentario de esta Ley de Cambio Climático, que nos obliga a discutir y repensar juntos el futuro, en clave de economía verde y sostenibilidad.
Iremos viendo como avanza el debate en los próximos meses. Estas ideas las comentaba el pasado viernes 22 de mayo en la tertulia de Ecogestiona sobre la Ley de Cambio Climático, que puedes encontrar aquí.
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