“En los Consejos de las empresas españolas falta la óptica de sostenibilidad»

María Luz Castilla,  Secretaria General Técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV)  y Senior Advisor de PwC, en la entrevista realizada por Teresa Jiménez y publicada en el número de marzo de la revista Agua y Medio Ambiente de El Economista

El Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV) nació con un objetivo claro de identificar y difundir las oportunidades de negocio que está generando la transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente y trabajar con la administración pública para aprovecharlas. El momento actual, con cambios normativos que pueden acelerar esta transición, es propicio para su labor, y aunque se está avanzando, aún queda camino por recorrer.

P: ¿Cómo nació el Grupo Español de Crecimiento Verde?

El grupo nació hace cuatro años de un grupo de empresas, en principio eran grandes empresas, que tenían la inquietud de que todos esos procesos de transición tenían oportunidades de negocio, para las empresas españolas, y que había que crear las condiciones en España para que esas oportunidades las aprovecharan las empresas españolas. Con esa inquietud, eran empresas que estaban convencidas de los temas de sostenibilidad y ya los aplicaban, estaban ya convencidas de que el cambio era necesario, pero que pensaban también que había oportunidades de negocio. En principio eran 8 o 10 empresas y ahora seremos más de 50 empresas, grandes empresas, la mitad de Ibex, pero también se ha querido integrar a las empresas pequeñas, innovadoras, que han visto un negocio en los temas de sostenibilidad. Un concepto básico de este grupo es impulsar un contexto que haga posible que esas oportunidades se den en España, trabajando con las administraciones públicas.

P: ¿Cómo se genera ese contexto?

Principalmente, predicando que hay una oportunidad en estos procesos de transición hacia una economía circular, hacia una economía baja en carbono, que hay una oportunidad para España en generación de riqueza y creación de puestos de trabajo y que es una oportunidad para la que ya hay empresas españolas preparadas y mejor que la aprovechen las empresas españolas y no las de otras geografías. Básicamente ese es el discurso, y también trabajar mucho con las administraciones públicas, apoyándoles, creando el criterio empresarial que apoye las decisiones de las administraciones. Dar a conocer, generar sensibilidad que de verdad, en todos estos procesos, hay oportunidades para España, y que hace falta crear el contexto adecuado con el sector público para que se den.

P: Tal y como está evolucionando la legislación, ¿es más una obligación que una oportunidad?

Muchas cosas ayudan. Por ejemplo, el Acuerdo de París está condicionando una transición, pero falta mucho para llegar a ese acuerdo. Es una acuerdo de gobiernos que quieren limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados, pero para llegar ahí hace falta cambiar muchísimas cosas en el sector energético, en el transporte, en la construcción. Son acuerdos que en algún momento se transformarán en leyes. El GECV quiere impulsar que se den señales claras de que el cambio va en esa dirección. La regulación ayuda, pero al final, una idea es que hacen falta muchas inversiones para generar esa transición. Por eso, tenemos que ser capaces de generar señales al mercado de que el cambio va en esta dirección. De tal modo, que si alguien tiene que hacer inversiones, las haga ya hacia una economía circular, baja en carbono, hacia energías renovables. Que el capital que existe sea capaz de ver señales de que el cambio va en esa dirección

P: ¿Se están viendo ya?

Sí, públicamente hemos avalado como grupo que se den pasos en esta dirección. Nosotros defendíamos que hubiera objetivos de reducción de emisiones a corto, medio y largo plazo, que hubiera objetivos sectoriales, porque todos los sectores están afectados, no es algo que incumba a un solo sector; que hubiera señales de precio de carbono; que se revise la fiscalidad ambiental… Esos temas se han incorporado en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y eso pensamos que es positivo. Por supuesto, los grados de ambición pueden ser más o menos, pero es positivo que haya una ley y que se vaya en esa dirección. Eso da unas señales al mercado y favorece que si alguna empresa quiere hacer inversiones, las haga en esa dirección.

 

La Ley de Cambio Climático da señales al mercado

 

P: ¿Cómo definiría una empresa verde?

Es una empresa que tiene incorporados, primero, en sus principios de actuación los temas sociales, ambientales y de buen gobierno, y que es capaz de expandirlo a toda la cadena de valor. Es capaz de pensar aguas arriba, con lo cual piensa a sus proveedores a diseñar productos más sostenibles, a tener mejores prácticas, y es capaz también de sensibilizar al consumidor. Es decir, es capaz de pensar a lo largo de toda la cadena de valor.

P: Hoy en día, ¿es más fácil para una empresa nacer ya ‘verde’ o reconvertirse?

Por las oportunidades que hay ya, nacerán empresas verdes que venderán productos o servicios verdes, y eso es fantástico. Pero una empresa, da igual lo que produzca, puede ser verde por su compartimiento, porque aplica prácticas medioambientales en toda su cadena de valor. Si no ha nacido así, pues se puede hacer, es cuestión de procesos y políticas internas.

 

Una empresa verde es la que piensa en ‘verde’ en toda su cadena de valor

 

P: ¿Ese cambio también tiene un coste a corto plazo?

Pero el coste de no hacerlo es más elevado. Las empresas son capaces de cambiar su estrategia, y si se mueve el mercado, pueden cambiar su rumbo. Quizá lo que falta en los consejos de las empresas españolas es diversidad. Siempre hablamos de diversidad de género, pero también falta diversidad de conocimiento, y también de sostenibilidad. En los consejos falta esta óptica de sostenibilidad, gente que tenga este conocimiento y pueda influir en las decisiones estratégicas. Si es estratégico, seguro que va a bajar al resto de la empresa.

P: ¿Qué valoración hace del anteproyecto de Ley de Cambio Climático Transición Energética?

Es un buen paso adelante en esta dirección de reclamar que se avance hacia una economía descarbonizada, hacia un modelo energético más basado en renovables, que se incorpore un sistema de movilidad más sostenible, que se hable también de un modelo de transición justa. En todos estos procesos, lógicamente, hay vencedores y perdedores. Y no se producirán cambios de este tipo en la sociedad si no hay un proceso de transición justa. A los sectores que se quedan más fuera de esta transición ayudarles. Es algo básico para que se produzca.

P: ¿Qué echa en falta en este anteproyecto?

Se habla de fiscalidad ambiental, pero no se profundiza mucho. Hace falta un debate un poco más profundo sobre cómo debería ser la fiscalidad. Que sea un instrumento para favorecer comportamientos más sostenibles. Y también hace falta influir en el consumidor. Muchos de estos comportamientos tienen que ver con la elección del consumidor. Es algo que hay que hacer conjuntamente empresas, gobiernos y organizaciones sociales, para concienciar al consumidor de las opciones de consumo más sostenible, más verde.

 

La Ley habla de fiscalidad pero no se profundiza mucho

 

P: ¿Qué le falta a España para tener una fiscalidad realmente verde?

Hay un principio que desde el GECV hemos defendido siempre, y es que quien contamina, paga. Ese principio debería imperar, pero también utilizar la fiscalidad como instrumento incentivador. Es decir, que se favorezcan los comportamientos más sostenibles y se penalicen los comportamientos no sostenibles. Y ahí hay mucho campo. No siempre es poner nuevos impuestos, si no reformular los que existen y repensar toda la fiscalidad para que sea incentivadora.

 

Hay que seguir el principio de que ‘quien contamina’, paga

 

P: Si se toman las medidas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, habrá un efecto positivo tanto para la economía como para el empleo en la UE, y España será uno de los países más beneficiados. ¿Eso es porque nos queda más camino por recorrer o porque España está mejor posicionada?

Hablemos de unas cifras globales. Se necesitan 90 billones de dólares de inversiones en infraestructuras hasta 2030, unos 7,5 billones cada año. Solo para tecnologías bajas en carbono para el sector energético, se habla de 40 billones. Se estima que toda la conversión puede tener un beneficio económico de unos 26 billones de dólares. Los beneficios son tangibles, pero hay que tener en cuenta los costes, que están aumentando por el hecho de no hacer. Se habla de cifras de 320.000 millones de dólares de pérdidas para la sociedad solo en el 2017. En el año 2035 podría haber 12 billones de dólares en activos inmovilizados, es decir, en activos que nunca van a tener ninguna rentabilidad. Todo es tiene un impacto que es muchísimo mayor que la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. La Unión Europea necesita 270.000 millones de euros en inversiones adicionales a lo que ya tenía previsto para reducir las emisiones y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, el nivel de inversiones es enorme, y esas inversiones lo que provocan es aumento del PIB, creación de empleo… En España se habla de 300.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2030 y de inversiones de 237.000 millones.

P: ¿Hay dinero en España para estas inversiones?

Estas inversiones no pueden venir solo del sector público. Es insuficiente la financiación pública. Lo que hay que hacer es atraer financiación privada, y esta existe y se está moviendo. Por ejemplo, los bonos verdes están creciendo y es una forma de mover la financiación hacia infraestructuras verdes. Ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años. El dinero no tiene que ser público, tiene que ser público y privado. Y el privado tiene que ver señales de que la transición va en esta dirección.

 

Las inversiones no pueden venir solo del sector público

 

P: La situación política actual de España, ¿envía ese tipo de señales a los inversores nacionales e internacionales?

El GECV apoya leyes ambiciosas como la que se propone en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Ese tipo de medidas avanzan en la dirección de que la regulación va en ese camino. Es verdad que la regulación tiene que ser estable y predecible para que un inversor se fie. Esto son buenas señales, pero en España hace falta consenso.

P: ¿Podrá existir consenso en los temas de sostenibilidad?

Nosotros es lo que demandamos, porque el riesgo está en que el mundo avance en esta dirección y las oportunidades las aprovechen otros países. Los chinos, por ejemplo, están invirtiendo muchísimo en nuevas tecnologías de eficiencia energética, renovables… se están preparando para ese camino y aprovechar las oportunidades.

 

Si no hacemos nada, la oportunidad la aprovecharán otros países

 

P: ¿Son las empresas españolas competitivas hoy en día en el ámbito de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático?

El momento es ahora. El Acuerdo de París es de 2015 y estamos dando los pasos para alcanzarlo. Tenemos tiempo, no estamos perdiendo el tren. Podríamos perderlo sino hacemos nada.

P: Si bien se están dando los pasos hacia una economía baja en carbono, ¿se están dando para potenciar la economía circular?

Hay paquetes que van en este camino. Ahora mismo estamos discutiendo todas las directivas en el entorno de residuos, tenemos una directiva de plásticos que está marcando el camino. Todo ello está obligando a la reflexión. Muchas empresas ya lo habían interiorizado, y cada vez habrá más sectores que vayan en esta dirección. Lo que está sucediendo y es muy positivo, son acuerdos voluntarios. Sectores que ya no esperan a la regulación, sino que se autoimponen objetivos sectoriales.

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