Existen políticas viables para un uso más sostenible del agua
Por Gonzalo Sáenz de Miera, vicepresidente del GECV, para el País
Desde tiempos remotos la gestión del agua ha constituido un serio problema en España. Tenemos unas precipitaciones inferiores a la media de los países de nuestro entorno y nuestros recursos hídricos están irregularmente repartidos en el tiempo y en el espacio, con sequías recurrentes. Gracias a la política de construcción de obras hidráulicas del siglo pasado se ha incrementado la disponibilidad de agua hasta niveles similares, de media, a los de los países de nuestro entorno. Con todo, cada vez que se reducen significativamente las precipitaciones, incluso en un año, como ha ocurrido los últimos meses, se generan problemas cada vez más graves de suministro, con impactos serios sobre la agricultura y la ganadería y conflictos sectoriales, territoriales y ambientales.
El cambio climático intensifica y adelanta la naturaleza y la gravedad del problema; es sabido que la Península Ibérica es una de las regiones más afectadas del planeta, en particular en su régimen pluviométrico. Se proyectan para los próximos años disminuciones significativas de las precipitaciones, y una mayor frecuencia e intensidad de las sequías. Lo que estamos sufriendo este año, con lluvias inferiores a la media, es solo una pequeña muestra de lo que nos espera. Estas proyecciones nos dicen que periodos de cuatro o cinco años como el actual serán más probables en el futuro y tendrán impactos muy duros para nuestro país. El sistema de regulación del agua en España se convertirá, si no le ponemos remedio antes, en un sistema muy vulnerable.
Las políticas tradicionales de incremento de la oferta de agua, basadas en la construcción de presas e incluso de trasvases, han sido hasta ahora claves para el desarrollo económico y social de nuestro país, pero hay serias dudas de que lo sigan siendo en el futuro. Por tres razones básicas: porque en el caso de España, los ríos ya están muy regulados; por el impacto ambiental de las obras, y por el rechazo social y las tensiones territoriales que generan. Es probable que, en ciertos casos, sea necesario construir nuevas presas para hacer frente a problemas muy específicos, pero es evidente que hay que buscar soluciones alternativas más sostenibles desde el punto de vista económico, social y sobre todo ambiental.
A continuación, planteo tres medidas que considero que podrían resolver una parte importante del problema:
Cualquier solución al problema del agua tiene un foco inevitable en la mejora de la eficiencia y el ahorro en todos los ámbitos. Y el sector clave es la agricultura: representa cerca del 85% del uso del agua en nuestro país y tiene un muy significativo potencial de ahorro. En España, existen dos grandes tipos de regadíos: los centrados en cultivos intensivos (hortofrutícolas) con un sistema de riego localizado; son muy eficientes: aunque solo usan un 30% del agua del sector, generan casi el 70% de su valor añadido. Y los de cultivos semi-intensivos (algodón, remolacha) y extensivos (cereales, arroz, maíz..), en los que predominan los sistemas de riego por gravedad (muy ineficientes) o aspersión, que utilizan el 70% del agua pero que solo generan el 30% del valor añadido.
De acuerdo con varios estudios, el potencial de ahorro de agua en estos últimos es muy relevante: demuestran que se podrían liberar recursos hídricos de gran valor social. Para ello deberían tomarse medidas tales como la aplicación de políticas tarifarias que incentiven un uso eficiente del agua e introduzcan racionalidad al sistema (estableciendo pagos por el agua en función de su consumo en vez de la superficie regada), planes de apoyo a la introducción de sistemas de riego y gestión del agua más eficientes, o incluso políticas de incentivos de abandono de los regadíos menos rentables desde el punto de vista económico y social, acompañados por planes de desarrollo rural que mantengan la sostenibilidad del territorio.
La segunda medida que propongo es la reutilización de aguas residuales urbanas tratadas para usos que no requieren una calidad elevada como son la agricultura, la industria, la jardinería, los riegos de campos de golf e incluso para usos ambientales. En España se reutiliza solo un 15% de las aguas residuales, mientras que, en países o regiones con parecidos problemas del agua, como Israel o California, este porcentaje es el 70%. Se ha calculado que en España existe un potencial de reutilización del 50% de las aguas residuales, por lo que teniendo en cuenta que el uso urbano representa en 10% del total, esta medida podría generar ahorros relevantes.
La tercera medida es la desalación, en particular para zonas urbanas costeras que pueden experimentar un incremento de la demanda de agua, y que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad ante escenarios de reducción de precipitaciones y sequías prolongadas.
En estas circunstancias, cuando no hay alternativas tradicionales, la desalación se presenta como una de las pocas opciones de suministro seguro a un precio cada vez menor. El problema tradicional de esta opción ha sido el energético dado que el proceso implica un elevado consumo de electricidad. En el pasado, con un sistema eléctrico basado en combustibles fósiles, esto suponía un problema ambiental, de coste y de incremento de la dependencia energética. Sin embargo, en los últimos años, la revolución de las tecnologías renovables, y su reducción de costes, modifica, para mejor, el escenario. En el futuro inmediato, un sistema eléctrico fundamentalmente renovable, supondrá una reducción del coste de la desalación y la solución de su principal impacto ambiental.
Además, la demanda eléctrica de la desalación encaja de forma “natural” en el nuevo escenario de generación básicamente renovable de producción intermitente. Permite aprovechar una energía eléctrica abundante durante muchas horas del año con elevada producción eólica o fotovoltaica y baja demanda a un coste muy bajo (en ocasiones cercanos a cero), y parar la desalación cuando la aportación renovable sea menor y el coste mayor. De alguna forma, el proceso de desalación puede contribuir a compensar la variabilidad de las energías renovables almacenando agua desalada, aportando así flexibilidad a la demanda de energía eléctrica. La desalación con renovables es un binomio atractivo en un país con poca agua y elevado potencial solar y eólico.
Todos los modelos de proyección nos anuncian que el cambio climático va a incrementar el estrés hídrico de nuestro país. Tenemos un sistema de regulación del agua avanzado que sin embargo no está para preparado para estos nuevos escenarios. No hay que ser alarmistas, hay que ser previsores. Aún estamos a tiempo para adaptarnos. Hay políticas viables para lograr un uso más sostenible del agua que evite que se convierta en un problema de primer orden para nuestra sociedad.
Hay que actuar cuanto antes, porque las medidas planteadas solo darán resultados a medio plazo. Y porque cuanto más tarde actuemos, más complejo será el problema y mayor el coste de las medidas para todos. Este es el momento de la acción, del pacto, del acuerdo, cuando aún podemos observar con racionalidad y equilibrio el problema de los años de sequía que nos esperan. No nos acordemos de Santa Bárbara cuando truene.
Gonzalo Sáenz de Miera es doctor en Economía Aplicada y autor del libro Economía y Agua. @gonsaenzdemiera
Leer aquí el artículo publicado en el diario El Pais
