Hay herramientas para una mayor contratación de servicios ‘verdes’.
La economía sostenible, basada en energías limpias y con tratamientos de reciclaje, generará más empleos y éstos serán de mayor calidad. Ésta es una de las principales conclusiones del Observatorio organizado por elEconomista Los criterios de compra pública verde, en la que participaron el director general de Signus, Gabriel Leal; el director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid; Luis del Olmo; el presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde, Valentín Alfaya; y el gerente de servicios y residuos de Valoriza Medioambiente, Rafael Sánchez Aparicio.
Los ponentes coincidieron en señalar que para ello se necesita el impulso de las administraciones públicas a la reutilización de los residuos, tras un tratamiento de reciclaje, a través de la eliminación de barreras técnicas y jurídicas a estas materias, la homogeneización de regulación y la contratación de los organismos dependientes del Estado de productos y servicios menos contaminantes.
En este sentido, el responsable de Signus, compañía de reciclaje de neumáticos, hizo hincapié en que «es esencial» la participación de las instituciones públicas. En su caso, explicó que el 90% de su actividad solo tiene salida en aplicaciones para obras e instalaciones puestas en marcha por ayuntamientos, comunidades autónomas o el Gobierno central, como, por ejemplo, suministros para parques infantiles, rellenos de campos artificiales, aditivos en los betunes para la construcción de carreteras o para elementos de seguridad vial.
Para el responsable de Valoriza la incorporación de las administraciones públicas supondría una «fuerza tractora para cambiar el modelo económico», destacando, además, que ya hay herramientas suficientes para que esto suceda y para que se tomen las decisiones adecuadas en interés del medio ambiente, a pesar de los errores que se puedan ir cometiendo.
La nueva legislación de contratación pública prima la mejor oferta en función de la calidad, incluyendo aspectos medioambientales, en detrimento de la propuesta más económica
En este sentido, el presidente del Grupo para el Crecimiento Verde añadió que estos instrumentos ya están recogidos en la nueva legislación de contratación pública, que prima la mejor oferta en función de la calidad -y ésta incluye aspectos medioambientales- en detrimento de la propuesta más económica, pero que es necesario avanzar en aspectos como la objetividad a la hora de licitar los contratos.
Entre las herramientas disponibles ahora, según destacaron los ponentes, se encuentran los registros públicos, las certificaciones por terceras partes y los etiquetados.
Es un punto de partida bueno, a juicio de los expertos, para que ahora la Administración tenga en cuenta estos aspectos y, entre otros, obligue o prime en sus contrataciones a las empresas que estén en los registros públicos de huella de carbono.
Se estima que el 20% del PIB se genera gracias a las obras y los proyectos que inician los organismos estatales, por lo que su implicación para el cambio de modelo de la economía es relevante. Para el director de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, «el sector público es quien tiene que tirar del carro, pero no es el único que tiene que tirar del carro».
El responsable político señaló que quizás habría que cambiar algunos aspectos legislativos para el desarrollo, entre los cuales se sitúan aspectos fiscales, como las tasas de recogida de basuras, donde el coste no incluye los gastos por los sistemas actuales de reciclaje.
Los expertos coincidieron en señalar que hay que ser consciente que en el corto plazo la apuesta por las energías limpias y la reutilización de residuos será más caro, pero en el largo plazo será más beneficioso. Por eso, abogaron por la creación de una metodología para estos cálculos y que estos se tengan en cuenta. Uno de ellos es el empleo. Así, por ejemplo, Gabriel Leal destacó que en doce años su empresa ha creado más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos.
Asimismo, los ponentes abogaron por eliminar restricciones legales a la exportación de materias contaminantes que han sido tratadas y se pueden reutilizar.
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VÍDEO OBSERVATORIO EL ECONOMISTA
