Mª Luz Castilla escribe en la revista Agua y Medio Ambiente de El Economista

“Economía verde para la reconstrucción”

Por Mª Luz Castilla, secretaria general técnica del GECV

1 de junio de 2020. Estamos viviendo la mayor crisis sanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y las medidas para afrontarla suponen una paralización de la economía mundial.

En el corto plazo, los apoyos económicos se dirigen a mantener y reforzar el sistema sanitario y a paliar los efectos de los sectores económicos más afectados para evitar quiebras y asegurar servicios básicos. A medio plazo, las instituciones multilaterales y los gobiernos preparan enormes paquetes para reactivar la economía y estimular el crecimiento y la creación de empleo. Es un buen momento para reflexionar sobre el modelo económico que queremos para el futuro.

No podemos permitirnos no actuar ante la crisis climática

La crisis económica actual ha coincidido con la crisis climática. El dilema no es si es posible atacar COVID-19 y cambio climático, sino si podemos permitirnos no hacerlo. La pandemia nos ha enseñado que es “mejor prevenir que curar” y esto es también cierto para el clima.

La OCDE estima que el impacto del cambio climático en el PIB mundial será del 2% en 2060, empeorando en horizontes más lejanos. A ello hay que añadir conflictos geopolíticos, problemas de salud, eventos climáticos extremos, sequías, hambrunas, etc. Las pérdidas globales por eventos climáticos solo en la última década se estiman en 3 billones de dólares.

El sector financiero ha alertado de los riesgos de cambio climático para la estabilidad financiera, tal como comentaba Mark Carney ya en 2015 o como reforzaba Larry Fink, CEO de Black Rock , a principios de año, anticipando un replanteamiento global de las finanzas.

A pesar de que hemos ido reduciendo nuestra intensidad de carbono en un 1,6% desde el año 2000, no avanzamos a la velocidad suficiente. Para alcanzar los objetivos de Paris (limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC) y evitar efectos devastadores peores que el COVID 19, deberíamos estar disminuyéndola un 11,3%.

Aunque la pandemia ha provocado un menor uso energético y una caída de las emisiones, esta reducción no es permanente. Las reducciones desaparecerán cuando se reactive la economía. Los costes de no actuar son enormes, unos 600 billones de dólares para final de siglo. ¿Nos lo podemos permitir? Una recuperación verde tiene sentido económico.

Por otra parte, las decisiones que se tomen en los siguientes meses modelarán la economía de la próxima década. Los estímulos para la recuperación costarán millones de euros. Los gobiernos no podrán dedicar recursos de esta escala hacia otras necesidades en años. No podemos salir de la pandemia y entrar en la crisis del cambio climático. Por ello, tras las actuaciones urgentes dirigidas a salud y protección social, los programas de recuperación deberían enfocar la economía hacia un crecimiento sostenible y una mejora de la resiliencia.

Un estudio reciente de la Universidad de Oxford demuestra que las políticas de estímulo verdes dan lugar a más empleos, generan mayores retornos en el corto plazo y conducen a un mayor efecto multiplicador a largo plazo en comparación con estímulos fiscales tradicionales. Es momento de abandonar los subsidios a los combustibles fósiles (unos 400.000 millones de dólares anuales) y apostar por eficiencia energética, energías limpias, mejora de edificios, investigación y desarrollo en tecnologías limpias, inversiones en regeneración de ecosistemas y restauración de suelos degradados, etc.

En España, el GECV considera que la aceleración de las inversiones asociadas al Plan Integrado de Energía y Clima (unos 240.000 millones en la próxima década) y la aprobación de la Ley de Cambio Climático son un punto de partida de vital importancia para sentar las bases de una sólida recuperación, alineada con los objetivos climáticos y la agenda de desarrollo sostenible. Este mismo sentimiento es compartido por muchas otras entidades nacionales e internacionales. ¿Podemos perder esta oportunidad?

Invertir en una recuperación resiliente nunca ha estado más cerca. Hemos asistido a una revolución tecnológica que ha permitido que en la última década los precios de la energía eólica se hayan reducido en un 70% y los de la fotovoltaica en un 89%, haciendo a estas energías muy competitivas frente a las tradicionales. El compromiso con la inversión sostenible ha ido en aumento. Un Grupo de inversores que representa 4,6 billones de dólares de activos bajo gestión se ha comprometido a alcanzar en sus carteras la neutralidad en 2050 para no sobrepasar los 1,5 °C.

Recientemente, un grupo de empresas y líderes políticos y sociales han firmado un manifiesto para reclamar a la Comisión Europea un plan de recuperación que incluya la transición verde y la transformación digital. A nivel geopolítico, Corea del sur y China parecen avanzar también en términos de tecnologías verdes. ¿Podemos perder este tren inversor y comercial?

En conclusión, en medio de esta pandemia, además de la desorientación, la pérdida de confianza y la preocupación ante la incertidumbre, los ciudadanos europeos también parecen compartir el sentimiento de vulnerabilidad, particularmente frente a la degradación ambiental. La necesidad de considerar la salud pública y la protección del medio ambiente como bienes comunes a salvaguardar parece afectar a todas las sociedades europeas.

Las inversiones futuras dependen de la ambición social y ambiental común. Orientar los estímulos de recuperación hacia una economía verde y socialmente resiliente, tal como proclama el Pacto Verde Europeo y señala la Agenda 2030, puede constituir un verdadero proyecto común para salir de la crisis. La economía verde es la mejor inversión para la recuperación. No podemos errar en la reactivación económica. “Build back better”.

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