Ayer tuvo lugar el foro ‘La descarbonización de la movilidad urbana’, organizado conjuntamente por El Confidencial y el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV). Conducido por el periodista José Luis Gallego, el evento contó con la presencia de Luis Martí, secretario general del Grupo Español de Crecimiento Verde y director de Regulación de Acciona; Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático; Joaquín López Vallés, director del Departamento de Promoción de la Competencia en CNMC; Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; y Carlos Bravo, consultor en la organización Transport & Environment.
La jornada se llevó a cabo en formato híbrido. Los ponentes acudieron presencialmente a la sede de El Confidencial y los espectadores pudieron seguir el debate por streaming en la web y en las redes sociales del diario. El objetivo central era reflexionar sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la movilidad eléctrica y compartida, y sobre todos los elementos, legislaciones e iniciativas que puedan ayudar a descarbonizar el transporte en los centros urbanos y ayudar a luchar así contra el binomio contaminación/cambio climático.
Para dar comienzo al debate, y tras la introducción de Luis Martí en nombre del GECV —“La cuestión de la descarbonización en la movilidad urbana nos interesa mucho, porque es una parte importante de las emisiones de carbono en España y por las dificultades prácticas que supone su descarbonización efectiva”—, Valvanera Ulargui comenzó hablando de las implicaciones que tienen las ZBE dentro de las políticas españolas de cambio climático, señalando que, en este “reto científico, político y social”, la movilidad supone un 70% del total de emisiones, y que las zonas de bajas emisiones “contribuyen a mejorar la calidad del aire, reducir el ruido, pero sobre todo reducir la emisión de gases de efecto invernadero”. A ese respecto, Joaquín López puso el foco en la neutralidad a la hora de acceder a esas ZBE desde la óptica de la competencia; y Luis Martí añadió el valor cualitativo que tienen al crear alternativas al transporte privado para el ciudadano a la hora de moverse por las ciudades. Como representante del Ayuntamiento de Madrid, Lola Ortiz recalcó la implementación que desde el consistorio se ha llevado a cabo en dicha materia, aprobando el pasado año la ordenanza de movilidad sostenible. Por último, Carlos Bravo apuntó que, a la hora de abordar esta normativa, queda por resolver un problema institucional en muchas ciudades de “cumplir haciendo lo mínimo”, esto es, ejecutando las medidas con planes mal estructurados cuyo impacto es prácticamente testimonial.
La urgencia de cambiar de paradigma en políticas de movilidad puede parecer un reto en primera instancia, pero es también una oportunidad de crecimiento económico, y de emprender aprovechando todos esos nuevos interrogantes surgidos al avanzar por primera vez en ese sentido. “Es muy importante comprender que la competencia es una palanca para avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad. En el ámbito de la movilidad tiene una especial significación, puesto que el objetivo es reemplazar al vehículo privado, y que haya competencia en las alternativas no hace sino aumentar el atractivo”, indicaba Joaquín López a este respecto.
La opción que supone la movilidad compartida, además de esta oportunidad económica para las empresas y reclamo para el usuario, puede tornarse también en problema para el ciudadano, como indicaba el moderador, José Luis Gallego, al ocupar las aceras con los diferentes vehículos eléctricos surgidos como alternativas (patinetes, motocicletas y similares). A este respecto Luis Martí aludió a la obligatoriedad de cumplimiento y respeto por las normas de aparcamiento y circulación independientemente de la propiedad del vehículo: “El debate no debería centrarse en la movilidad compartida, sino en general. Los ayuntamientos deben multar a quien tengan que multar y que esta sanción se traslade al usuario, sea de vehículo privado o compartido”. También señaló que un valor añadido que tienen este tipo de vehículos son “los beneficios para los ciudadanos que no los utilizan. La movilidad compartida es por lo general pacífica, amable y limpia. Evita la emisión de partículas que generan afecciones respiratorias, ruidos y congestión”.
La tertulia centró su atención en el tramo final en el concepto de movilidad compartida, entendida como la puesta a disposición del ciudadano de vehículos de libre uso (tras un registro y validación de requisitos), a cambio de una tarifa, en el espacio urbano, y que “alquilan” durante un tiempo determinado. Su importancia, como indicaba Martí, “no es tanto cuánto te descarboniza, sino que al mismo tiempo reduce el número de vehículos en circulación” y, en segundo lugar, que “hace imaginable la renuncia al vehículo privado. Una vez que no tienes transporte privado, la predisposición a utilizar el transporte público se multiplica”. Ello lo convierte en una prioridad para las instituciones, y uno de los retos a superar es seducir al ciudadano, y hacerle comprender que es una opción necesaria y positiva para el conjunto de la ciudadanía, como incidió Ulargui a este respecto.
Finalmente, y antes de cerrar el debate, Gallego quiso hacer hincapié en la importancia del crecimiento verde aplicado a todos los ámbitos y, como no podía ser de otra manera, también al de la movilidad. Luis Martí, como secretario general del GECV, expuso que la organización defiende que “entendemos por crecimiento verde un crecimiento donde las señales de precios y los entornos regulatorios penalizan los comportamientos contaminantes y favorecen los que son ambientalmente amigables”. Este aspecto, tal y como sugirió Gallego, se está convirtiendo en los últimos tiempos en una importante herramienta de competitividad, el aparecer ante los consumidores como ambientalmente responsables, tesis que contó con la unanimidad de todos los ponentes.
