El presidente del GECV ha escrito en El País la siguiente Tribuna, publicada el 4 de octubre de 2020.
“La crisis de la Covid19 …” Sé que la mayor parte de lo publicado en los últimos meses comienza de forma parecida, pero ciertamente las crisis siempre ofrecen oportunidades para la reflexión y, cómo no, para resolver las debilidades de nuestra sociedad y modo de vida. Lo que debemos aprender esta vez es que no hay economía sostenible sin un medio ambiente sostenible: el deterioro y la simplificación de nuestros ecosistemas hacen más probables e intensas estas pandemias, con sus devastadoras consecuencias económicas. Paralelamente, el cambio climático es una realidad incontrovertible, un riesgo sistémico para la economía global, y España va a ser uno de los países más afectados. Este problema radica en el modelo energético: cómo generamos la energía, pero también dónde y cómo la consumimos. Y la solución pasa por un nuevo modelo basado en la penetración de renovables y la eficiencia energética; un reto enorme de gran trascendencia económica, que hasta ahora nuestra sociedad no ha enfrentado con determinación, perdidos más en negociaciones y declaraciones institucionales que en una acción decidida hacia la senda de la seguridad y el progreso.
¿Cómo pasar de las declaraciones a los hechos? Por supuesto, los gobiernos y legisladores son fundamentales. Deben establecer POLÍTICAS (sí, con mayúsculas) capaces de activar las palancas necesarias, deben proporcionar certidumbre y seguridad jurídica a largo plazo, deben, en definitiva, hacer su función con inteligencia situando en el centro el interés público. Pero no es menos relevante el papel del sector empresarial. Un rol, además, atractivo, porque la lucha contra el cambio climático supone una oportunidad para cambiar nuestra economía hacia un modelo más competitivo y de más futuro. España está muy bien posicionada para ser protagonista de la revolución industrial que orbita en torno a la lucha contra el cambio climático: tenemos abundantes recursos renovables y un capital natural único en Europa, pero también empresas líderes dispuestas a jugar un papel determinante aportando inversión, tecnología y talento.
En efecto, el sector privado es imprescindible en esta transición, pero no solo por las necesidades de financiación (el 80% de los 240.000 millones de euros previstos en el Plan de Energía y Clima procederán del sector privado), sino también por su capacidad para innovar, extender soluciones tecnológicas y, sobre todo, influir en el comportamiento de los ciudadanos, en su condición de consumidores, poniendo productos y servicios “verdes” en el mercado. Porque, desde mi punto de vista, la tarea de las empresas no es solo establecer compromisos públicos (y cumplirlos), sino también adaptar sus modelos de negocio proporcionando a la sociedad las soluciones para descarbonizar la economía y mitigar los impactos del cambio climático.
Pero, involucrar al sector privado requiere crear las condiciones adecuadas. Primero, apostando por una agenda climática ambiciosa; sin la ambición y velocidad adecuadas, otros aprovecharán las oportunidades por nosotros. Segundo, facilitando un marco jurídico estable y, lo más importante, consenso político. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en trámite parlamentario, es una excelente oportunidad para crear el marco que necesitamos. No podemos desaprovecharla.
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